Cuando un país no tiene un acuerdo de extradición con España, puede convertirse en un obstáculo para la justicia en casos en los que se requiere la entrega de un fugitivo para ser juzgado o cumplir una condena.
A lo dicho, hemos ya de advertir que existe una excepción prevista en el Tercer Protocolo al Convenio de la que luego nos ocuparemos.
Cuando dos naciones no tienen un tratado de extradición en vigor, se vuelve más complicado y en algunos casos imposible, llevar a cabo la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en uno de los países al otro.
Ante la falta de acuerdo de extradición con ciertos países, es importante que España adopte medidas para garantizar la efectividad de la cooperación internacional en materia de justicia. Algunas recomendaciones incluyen:
En cuanto al procedimiento de extradición, la ley establece que la solicitud debe ser presentada por vía diplomática y debe incluir la información necesaria sobre la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Primeramente se le dará aviso al propio detenido y a su abogado de que va a producirse la entrega, con un plazo que generalmente será de unas dos horas.
Esto puede permitir que los delincuentes eviten visit site enfrentar la justicia y eludan las consecuencias de sus acciones. Es fundamental que los países establezcan tratados de extradición para garantizar la eficacia del sistema judicial y la protección de la sociedad.
Sin embargo, en casos en los que se demuestre la gravedad del delito y exista una alta presión internacional, es posible lograr la entrega del fugitivo.
En este punto tenemos que realizar una primera apreciación individual, pues pensamos que la forma en que se computa este primer plazo de 40 días en la praxis es poco respetuosa con los parámetros garantistas que de ordinario presiden nuestro proceso penal.
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Esta vista debe realizarse a las 48 horas de la detención, aunque usualmente no se tiende a apurar dicho plazo, sino que se realiza de la forma más inmediata posible tras la detención policial.
three. El caso debe cumplir ciertos criterios, como la gravedad del delito, la existencia de una sentencia firme o la existencia de una orden de arresto internacional.
Si el Poder Judicial aprueba la solicitud de extradición, el caso se remite al Ministerio de Justicia para su revisión final. El Ministerio de Justicia determina si se cumplen todos los requisitos legales y si se han seguido todos los procedimientos correctamente.
Sin embargo, se establece que la extradición de un guatemalteco solo se concederá si el delito cometido es considerado un delito común y si se cumple con los requisitos establecidos por la ley.